Eva Carazo
Holas! En el caso del asesinato de Sergio Rojas, hablamos de responsabilidad del Estado porque es una situación constante y documentada, que había implicado que en 2015 la CIDH ordenara al Estado costarricense proteger a esa población de las agresiones y amenazas explícitas que venían recibiendo, sin embargo no hubo ninguna acción en ese sentido
Un grupo de investigadorxs del CICDE-UNED (donde yo trabajo) viene estudiando la situación en Salitre, aquí pueden ver varios documentos que reseñan el proceso: https://investiga.uned.ac.cr/cicde/index.php/informes-de-investigacion/224-salitre
Este artículo tiene una síntesis breve pero iluminadora también http://www.informa-tico.com/19-03-2019/lucha-reivindicativa-tierra-sergio-rojas-significo-violencia-criminalizacion-su
El asesinato de Sergio Rojas Ortiz es un crimen político cuyo responsable es el Estado
costarricense. La inacción, la desidia, la negligencia y la incompetencia de éste, y de los
gobiernos anteriores para resolver la usurpación de los territorios indígenas, y de las
autoridades judiciales y policiales de Buenos Aires de Osa, para asegurar la integridad de
Sergio y de muchas más personas indígenas, llevaron a su asesinato. Sergio fue asesinado
en su casa en la comunidad Yeri, territorio indígena de Salitre, Buenos Aires de Puntarenas,
al sur de Costa Rica.
Sergio fue miembro fundador y coordinador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas,
FRENAPI, hasta el día de su muerte. Fue también miembro del Concejo Ditsö Iriria Ajkonük
Wakpa (CDIAW)/Defensore.as de la Madre Tierra. Era una autoridad Bribri, un hombre
conocedor del derecho indígena nacional e internacional y consuetudinario, y defendió los
derechos de su pueblo por medios legales y pacíficos.
El Estado costarricense estaba perfectamente enterado de las acciones de usurpación de los
territorios indígenas y otros actos de asedio, persecución, amenazas y atentados directos
contra Sergio y mucho.as más indígenas. Hubo varios intentos de homicidio contra mismo
Sergio Rojas y atentados contra muchas otra.os indígenas de Salitre y otros territorios
indígenas de la zona sur, que sufrieron lesiones leves y graves por ataques con armas de
fuego y blanca, quema de viviendas y agresiones físicas. Ante todos esos casos el Estado
costarricense nunca aplicó protocolos de prevención de la violencia y mantuvo una actitudque sigue propiciando la indefensión y la impunidad. En ninguno de esos casos los
agresores fueron condenados (Ver Informes ODAIN).
Sergio fue declarado “non grato” por la Municipalidad de Buenos Aires, el 11 de agosto de
2012. El 9 setiembre del 2012, en una reunión en la Escuela Rogelio Fernández Güell, de
Buenos Aires centro, se dijo de manera pública que “hay que acabar con la vida de Sergio
Rojas”, incluso en presencia de al menos 2 diputados. El 17 de setiembre de mismo 2012,
sufre un atentado en el que le disparan en 6 ocasiones, cerca de la entrada del territorio
indígena de Salitre.
Ante las amenazas sufridas por los pueblos indígenas y a solicitud de las comunidades Salitre
y Térraba, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dictaminó la Medida cautelar
321-12-2015, del 30 abril 2015, con el objetivo de “garantizar la vida e integridad personal
de los miembros del pueblo indígena Teribe de Térraba y Bribri de Salitre”. En esa Medida
cautelar la Comisión considera “la gravedad de la situación, la urgencia de la situación, y el
daño irreparable”. El 28 de diciembre del 2016, en el informe de la Décimo cuarta misión del
Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena, ODAIN, se acusó que “el
Gobierno de Costa Rica no ha dado muestra de soluciones efectivas, ni demostrado ninguna
voluntad política por resolver estos problemas”, refiriendo a la implementación de medidas
cautelares a favor de los pueblos indígenas.
Ante todas agresiones demostradas la policía nunca actuó con responsabilidad. Esa inacción
de Estado, de las instancias judiciales y de la Delegación de la Fuerza pública de Buenos
Aires, fueron, además, acciones racistas y de desprecio por la condición de indígenas de
Sergio y otras personas denunciantes. Esas actitudes de las autoridades judiciales y
policiales, fueron denunciadas por los pueblos originarios, organizaciones de Derechos
humanos y sociales y La Defensoría de los Habitantes, sin que se diera una respuesta
efectiva. El 24 de agosto del 2018, varias organizaciones indígenas de la zona sur, con la
participación del mismo Sergio, entregaron documentos sobre estas quejas a la SubComisión
de acceso a la justicia para los pueblos indígenas del Poder Judicial. El 18 de marzo, horas
antes de su asesinato, Sergio bajó desde Olán de Salitre hasta la Fiscalía de Buenos Aires,
para acompañar a otros indígenas recuperadores de territorios que denunciaban nuevas
amenazas y balaceras en su contra.
Todas estas agresiones culminaron con la c
riminalización y encarcelamiento político de
Sergio durante 7 meses a partir del 6 de noviembre del 2014, sin ninguna acusación formal.
No hubo ningún fundamento procesal que motivara su prisión. Lo que se buscó fue
amedrentar el movimiento recuperador de los territorios. Estos actos fueron contrarios a la
legislación nacional, pero además al Convenio 169 de la Organización Internacional de
Trabajo.
La escalada de violencia contra los pueblos indígenas es un proceso de agresiones históricas
que se recrudeció en las últimas décadas, y particularmente a partir del 2010 con el desalojo
de los y las indígenas de la Asamblea Legislativa. Ante ese violento desalojo fue que los
pueblos indígenas decidieron defender la reinvindicación y ejercicio del derecho humano a la
Tierra del pueblo Bribri y de todos los pueblos originarios de Costa Rica.
La sociedad costarricense, los pueblos indígenas y cientos de organizaciones y colectivos
sociales, exigimos que no haya impunidad. Exigimos al Estado costarricense, cuyo accionar
ya había sido calificado “débil” por La Defensoría de los Habitantes, en una notificación al
Secretario Ejecutivo de la CIDH (DH-PE-1041-2018), en la que también se acusó la “omisiónde las nuevas autoridades gubernamentales en el seguimiento al proceso” de los pueblos
indígenas.
Exigimos que se abra una investigación exhaustiva para encontrar, responsabilizar, juzgar y
castigar a los autores intelectuales y materiales del asesinato de Sergio Rojas Ortiz.
Exigimos que el Estado garantice la integridad y la vida de todas las personas indígenas que
acompañaban a Sergio en su lucha, pues siguen sufriendo amenazas y asedio similares a las
que culminaron con el asesinato de Sergio.
Este es un comunicado de prensa que se construyó ayer, y que explica un poco por qué se entiende así… Lo tengo solamente en pdf (y no puedo enviar pdfs aquí, ¿o sí? no sé cómo), si alguien lo quisiera, me avisa y se lo paso
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